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Eudel advierte a Madrazo de que la ley de Cooperación invade competencias locales

Los ayuntamientos abren otra pugna con el consejero tras el conflicto de la ley de SueloEudel se pregunta quién es la Cámara "para controlar la acción de otras administraciones"

Tras la polémica por la ley de Suelo, los ayuntamientos vascos han abierto un nuevo frente de discusión con el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, que encabeza Javier Madrazo. La Asociación de Municipios Vascos-Eudel rechaza el proyecto de ley de Cooperación al Desarrollo que ha elaborado la consejería de Madrazo y cuyo texto ya remitió el pasado mes de septiembre al Parlamento. Según Eudel, dicho proyecto invade competencias que, a su entender, corresponden con claridad a los ayuntamientos e incluso incurre en algunas "contradicciones" sobre el objeto de la ley y su ámbito de aplicación.

El proyecto de ley es exactamente el mismo que el departamento ya remitió al Parlamento durante la legislatura pasada, pero que no se llegó a debatir por la disolución anticipada de la Cámara por el lehendakari. Esta misma situación se produce con la ley de Suelo, que ha levantado las críticas de la asociación que representa a todos los consistorios de Euskadi.

Eudel ha enviado una carta a la consejería de Vivienda y Asuntos Sociales en la que detalla una batería de sugerencias para modificar algunos de los contenidos del proyecto de ley. A la vez, ha dirigido la misma misiva a todos los grupos políticos representados en la Cámara de Vitoria para que tengan en cuenta sus aportaciones con vistas al trámite parlamentario de la iniciativa del departamento de Madrazo.

El proyecto de ley pretende regular todos los aspectos relacionados con las ayudas y la cooperación con los países del Tercer Mundo que se encuentran en vías de desarrollo.En la carta, a la que ha tenido acceso este periódico, Eudel observa en primer lugar una contradicción entre el objeto de la ley y su ámbito de aplicación. En su artículo 2, el proyecto aprobado por el Ejecutivo establece que el ámbito de aplicación de la ley son las actividades que realizan las instituciones comunes de Euskadi, es decir, el Gobierno vasco y el Parlamento de Vitoria. Mientras, en su artículo 1 determina que el objeto de la norma es "regular el régimen jurídico de las actuaciones que en materia de cooperación para el desarrollo y de solidaridad internacional realizan las administraciones públicas de la comunidad". Por tanto, quedan aquí incluidas tanto las tres diputaciones como los ayuntamientos, además del Ejecutivo y el Legislativo.

Según apunta en su misiva la asociación municipal, que preside el alcalde de Leioa, el peneuvista Karmelo Sainz de la Maza, lo lógico es que el régimen jurídico de la ley regule únicamente las actuaciones que emprenda la Administración general y que las tres diputaciones y los ayuntamientos se limiten a tener en cuenta los principios generales de esta ley, pero no que queden obligados a sujetar sus actuaciones a lo establecido en la nueva normativa. "Los ayuntamientos y diputaciones tienen la autonomía suficiente en sus respectos ámbitos competenciales como para establecer lo que quieran", apunta el texto de Eudel.

En el artículo 11, el proyecto indica que el Parlamento controlará la acción de las instituciones forales y de los ayuntamientos, con lo que el principio competencial de estas instituciones queda en entredicho. "¿Quién es el Parlamento para controlar la acción de otras administraciones? Es el Legislativo y su misión es controlar al Gobierno vasco, pero las diputaciones tienen sus Juntas Generales y los ayuntamientos sus plenos. La función de control y seguimiento del Parlamento debe atenerse en exclusiva a las acciones que desarrolle el Gobierno", puntualiza la carta, que obra ya en manos de la consejería.

La percepción en Eudel, por lo tanto, es que el proyecto de ley, tal y como está concebido, cercena la autonomía municipal en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Éste es el segundo conflicto de relieve que la Asociación de Municipios Vascos abre con el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales en las últimas semanas, tras el rechazo que ha provocado en los ayuntamientos el proyecto de ley de Suelo -idéntico también al elaborado en la pasada legislatura, igualmente rechazado por Eudel-, cuya tramitación ya ha comenzado en el Parlamento.

La Diputación de Álava también ha acogido con malestar el proyecto de ley, en concreto el citado artículo 11, que es el que atribuye al Parlamento el control, entre otras administraciones vascas, de las diputaciones forales en cuanto a la gestión de sus actuaciones en materia de cooperación.

De esta forma, Álava ha presentado una cuestión de competencia ante la Comisión Arbitral, el órgano que dirime los conflictos legales entre el Gobierno y las diputaciones, al entender que el proyecto vulnera el régimen competencial foral.

"Error de formulación"

Esta cuestión de competencia se ha planteado dentro del plazo hábil para que los partidos presenten enmiendas al proyecto de ley, plazo que expira el próximo 14 de noviembre. Ahora, tendrá que ser la Comisión la que decida si paraliza la tramitación del proyecto hasta que aclare el asunto.

En la cuestión de competencia que ha planteado, la Diputación alberga la esperanza de que la redacción del artículo 11 contenga "un error de formulación", que lleva a que no se respete el régimen competencial foral, ya que entiende que el resto del proyecto resulta "conveniente", se encuentra "bien estructurado" y en las previsiones recogidas en los artículos 2.3 y 4.1 se muestra "respetuoso" con las competencias forales.

La Diputación alavesa, gobernada por el PP, ya advirtió sobre esta misma circunstancia cuando formuló sus alegaciones al anterior proyecto de ley, remitido al Parlamento en la pasada legislatura, que decayó por el adelanto electoral y que ahora ha aprobado el Ejecutivo sin ninguna variación.

El Ejecutivo foral asegura que no tiene "ningún inconveniente" en informar al Parlamento de sus actuaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo, ni que éste impulse la coordinación con el resto de las instituciones, pero entiende que "la función de control de las diputaciones compete en exclusiva a las Juntas Generales".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de noviembre de 2005